AJUSTE CLÁSICO, GASES MODERNOS

Argentina ha tejido su historia con crisis económicas frecuentes, algunas de ellas muy convenientes para unos pocos, y desastrosas para la mayoría, que han convertido a los jubilados en víctimas recurrentes de administradores incapaces. Desde los años 50 del siglo pasado, los fondos previsionales han sido saqueados bajo promesas de soluciones mágicas, dejando a generaciones sin protección.

Hoy, en marzo de 2025, miles de argentinos de entre 55 a 60 años enfrentan un futuro sin jubilación. La Ley 24.241 exige 30 años de aportes, pero muchas personas tuvieron que trabajar en negro por largos períodos, atrapados en un país donde la informalidad laboral alcanzó el 45% en 2002 y sigue más del 35% el día de hoy, según estimaciones recientes.

Con la ley de moratoria que vence el próximo 23 de marzo y sin reemplazo, muchos compatriotas quedarán atrapados en un limbo cruel, pagando el costo de décadas de mentiras y de gestiones desastrosas, representada por genios de la economía y de las finanzas.

DEL HAY QUE PASAR EL INVIERNO A VOS TE PAGAS TU PROPIO RETIRO

El despojo empezó en los 50 y 60 del siglo pasado, cuando los fondos previsionales, que en 1955 –la revolución libertadora, ¿les suena? –  equivalían al 20,3% del PIB, se canalizaron a bonos públicos de largo plazo para proyectos estatales. El golpe de 1966 –  derrocamiento del gobierno de Illia –  dejó el sistema en bancarrota, y los sueldos reales se desplomaron un 20% en poco tiempo, según datos históricos. En 1976, la dictadura militar desmanteló el empleo industrial, afectando al 25% de los trabajadores formales, y la precariedad se instaló en la sociedad argentina.

La hiperinflación de 1989, con un pico del 3.079%, hizo imposible sostener aportes: una familia promedio gastaba el 80% de sus ingresos en alimentos, dejando el resto como lujo inalcanzable.

La convertibilidad y la «revolución productiva» de los 90 prometió estabilidad , pero el desempleo trepó al 18,3% en 1995 –efecto Tequila, ¿se acuerda? –, y la apertura económica destruyó 300.000 puestos industriales en poco tiempo.

Las AFJP, lanzadas en 1994, se presentaron como salvación individual: los trabajadores aportaban el 11% de su salario, pero un 33% de ese aporte era comisiones que cobraba la “empresa” que administraba esos fondos, y el 60% restante se invertía en deuda pública que, al final, colapsó en 2001. Unos genios de las finanzas, no?

Ese año, la devaluación elevó la pobreza al 57%, y un recorte del 13% a las jubilaciones, con una inflación galopante, priorizó a los bancos sobre las familias.

Quienes hoy tienen 55 o 60 años eran entonces adultos jóvenes, limpiando casas en negro, vendiendo en la calle o empleados de la construcción precarizados, dejados a la buena de Dios, porque la supervivencia no admitía planes a largo plazo y había que poner la comida en la mesa, mandar los chicos a la escuela.

REGRESO NECESARIO Y COSTOSO

En 2008, la estatización de 30.000 millones de dólares de las AFJP se anunció como una reparación histórica, pero el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se desvió a subsidios y gasto corriente, cayendo a la mitad de su valor en tan solo una década. Las moratorias de 2005 y 2014 sumaron 5,3 millones de beneficiarios (que era una deuda pendiente, y justa), aumentando la cobertura al 97% de los mayores de 65 años en 2015, pero el sistema de reparto, con pocas reservas, dependía de los aportes activos, que poco a poco se iba recuperando, pero nunca alcanzaba.

En 2017, la reforma previsional, alineada con exigencias del FMI (otra vez), redujo los haberes reales un 15% en dos años. Los jubilados, sin fuerza para plantarle cara al gobierno y paralizar la economía con medidas de fuerza, eran el objetivo perfecto: ajustar sus ingresos evitaba conflictos mayores.

AHORA, JODETE

Hoy, quienes tienen 15 o 20 años de aportes no llegarán a eso 30 años requeridos por ley. El mercado laboral, con un 40% menos de oferta para mayores de 50 según el INDEC, los rechaza, y la Pensión Universal para el Adulto Mayor, un 80% de la mínima, no cubre la canasta básica, que supera ampliamente a lo que gana un jubilado de la mínima. El PAMI, con un recorte nunca antes visto en medicamentos, agrava su situación, arrinconando a los jubilados a elegir entre pagar servicios básicos, medicamentos o comida.

SI NO ALCANZA EL AJUSTE, METELE GAS

Para el jubilado, hoy la calle se convirtió en su último recurso, pero en estos días, las fuerzas del Estado recibe sus reclamos a bastonazos y gas pimienta. Lo paradójico es que quien hoy ordena la represión, la ministro de Seguridad, es la misma persona que en 2001 les quitó el 13% de los sueldos, una ironía que no deja duda de la incapacidad para gestionar los bienes y recursos de los ciudadanos, pero también demuestra una habilidad para joderle la vida a los más vulnerables.

Hoy los jubilados son señalados como desestabilizadores, golpistas, mientras sus cuerpos caen y sus gargantas arden bajo el gas. El silencio oficial es cómplice, y la historia de promesas rotas por administradores ineptos y corruptos, se escribe en sus rostros golpeados. Los representantes, diputados y senadores, padecen sordera crónica, mientras que la Justicia mira para otro lado, o está ausente, como siempre.

La pregunta es ¿Quién asumirá la culpa histórica cuando estos olvidados mueran en la miseria que les fabricaron una manga de incapaces que se autopercibieron salvadores de la patria?