CUANDO LO PÚBLICO SE TRANSFORMA EN NEGOCIO
En las últimas décadas, un fenómeno ha transformado nuestra sociedad: bienes y servicios públicos, financiados y construidos con el esfuerzo colectivo de los ciudadanos, pasan a manos privadas. Este proceso, presentado como solución a la ineficiencia estatal, no hace más que cuestionar el equilibrio entre lo público y lo privado, el rol de los representantes del pueblo y la función del poder judicial.
Las autopistas son un ejemplo claro: financiadas con impuestos que pagan los ciudadanos, y que su creación implica expropiaciones, evaluaciones técnicas, contratación de personal y riesgos asumidos por el Estado. Sin embargo, por supuesta incapacidad (¿?) de los que deberían administrar bien (o sea, el administrador de turno, o quien sea) o por algún acuerdo poco claro, terminan concesionadas a empresas que no pusieron un solo centavo y que no corrieron ningún riesgo. La transferencia se justifica con la promesa de eficiencia privada, afirmación casi religiosa, por parte de muchos gestores políticos y líderes de opinión que expresan su preocupación por el déficit público.
Es de manual que se argumente que una empresa privada gestionará mejor estos bienes de propiedad pública, reduciendo pérdidas y mejorando servicios. Pero este razonamiento omite un paso esencial: el Estado rara vez busca optimizar, mejorar la calidad profesional de los administradores para lograr mejorar la eficiencia antes de cederlos. Prefiere tomar un atajo que perpetúa el gasto público y agrava el déficit, siguiendo con su ineficiencia, mientras el privado es invitado al rescate y adquiere el bien a un precio de “ocasión”, muy por debajo de los costos reales —obra, financiamiento y quebrantos incluidos—, e imponiendo reglas y condiciones que solo conocen quienes redactaron el convenio y lo rentabiliza cobrando peajes a quienes ya lo pagaron, recibiendo, por supuesto, ayudas (subsidios) estatales para poder levantar el muerto.
En resumen, el empresario no asume riesgos ni complejidades iniciales; obtiene un activo público listo para lucrar y recibe ayudas, mientras los contribuyentes enfrentan una doble carga: haber financiado la obra y ahora pagar por usarla, y además, contribuir con las ayudas a las empresas que les cobra peaje. Lo que se vende como eficiencia expone una contradicción: el Estado elude su deber de gestionar bien, y el privado capitaliza un recurso ajeno.
Diputados y senadores, o sea, los representantes del pueblo y las provincias, aprueban las leyes que habilitan estas concesiones. Entre sus tareas, también está la de defender la propiedad pública y el interés general, pero el resultado suele favorecer a unos pocos. ¿Buscan proteger los bienes de todos y el bienestar colectivo o responden a otras prioridades?
El poder judicial, encargado de proteger las propiedades y los bienes públicos, también genera dudas: algunos fallos avalan traspasos cuestionables – si es que llegan a ser judicializados –, otros, en cambio, ni son siquiera observados. La pregunta es: ¿El Poder Judicial, vela por los ciudadanos y los bienes públicos, o sea, de todos, o refrenda la fusión entre poder económico y político?
Creo que el ejemplo de concesionar autopistas parece práctico como ejemplo, y también plantea interrogantes. ¿Por qué no optimizar la gestión estatal en vez de delegarla? ¿Qué pasa con propiedad pública y el bienestar común cuando los impuestos financian ese tipo de proyectos que terminan enriqueciendo a quienes no asumieron riesgos?
Décadas de discurso han inculcado a la sociedad que el Estado no sirve para administrar, y que su rol se limita a recaudar impuestos para obras y servicios que terminarán en manos privadas. El Estado, así, se asemeja a un policía represor, obligando a los ciudadanos —como siervos en un suelo ajeno— a financiar las ganancias de otros con los recursos de todos. Las autopistas reflejan esta dinámica, donde lo público se diluye y el bienestar general queda atrapado en una narrativa que somete más que libera.
Le queda a usted imaginar obras de mayor envergadura, como pueden ser represas, cloacas y agua potable, puertos, la hidrovía, los parques eólicos, etc etc.
