DEMOCRACIA DE AUTOR
En el marco de las recientes reformas legislativas pretendidas en nuestro país, el gobierno ha tomado medidas que plantean preguntas cruciales sobre los límites de la libertad de expresión y el derecho a la protesta. ¿Hasta qué punto es legítimo restringir el acceso al espacio público en nombre del orden y la seguridad? ¿Qué implicancias tiene para la democracia el hecho de penalizar la expresión de disconformidad con el Poder Ejecutivo?
Bajo la premisa de «el que corta no cobra”, acción propagandista que nos acerca a un escenario distópico, nos mete una dimensión que plantea incertidumbres sobre el concepto de “libertad”, para no llegar a otros, también necesarios, como equidad e igualdad en el ejercicio del derecho a la protesta. ¿Es ético condicionar la participación en el espacio público a la situación social y económica de los ciudadanos, justamente de aquellos que no les queda otra más que recibir una ayuda del Estado? ¿No se está creando, de facto, un sistema que favorece a ciertos sectores mientras excluye a aquellos que pueden carecer de recursos para expresar su voz?
La imposición de penas de hasta 6 años de cárcel para los considerados incitadores de movilizaciones ciudadanas refleja un enfoque punitivo que suscita intranquilidad en términos de abuso de poder. ¿Cómo se define claramente quién es un «instigador» en este contexto? ¿No podría esta medida utilizarse para reprimir de manera selectiva a voces disidentes, silenciando así la diversidad de opiniones y perspectivas en el país?
La obligación de contratar un seguro de caución para cubrir eventuales daños a terceros durante una manifestación, parece introducir una carga financiera que podría desincentivar la participación ciudadana. ¿No corre el riesgo de convertirse en un mecanismo que desaliente la expresión legítima de descontento y disuada a la sociedad civil de ejercer su derecho a la protesta?, ¿o este es el verdadero plan?
En este contexto, la concepción del espacio público como exclusivo para «la gente de bien» plantea interrogantes sobre la discriminación y la igualdad de acceso. ¿Quién tiene la autoridad para definir quiénes son «la gente de bien«? ¿No es esta una interpretación subjetiva que puede dar lugar a la exclusión de voces críticas y diversas?
En última instancia, la esencia de una democracia radica en el respeto a los derechos individuales y la capacidad de la sociedad para expresar su desacuerdo de manera libre y pacífica. Restringir estos derechos mediante medidas punitivas y económicas señala un peligroso deslizamiento hacia prácticas autoritarias, erosionando la confianza en las instituciones democráticas y debilitando el tejido social.
En tiempos en que la participación ciudadana es esencial para abordar los desafíos y construir consensos, estas medidas podrían tener un impacto negativo en la salud del sistema democrático que tanto costó –y cuesta- sostener. La clave reside en encontrar un equilibrio que permita la expresión ciudadana sin amenazar los principios fundamentales de un sistema vigoroso y en constante evolución. La sociedad argentina se encuentra en una encrucijada crítica, donde la defensa de la libertad y de los derechos civiles y la preservación de la democracia son imperativos ineludibles para garantizar un futuro más justo y equitativo para todos.
